Orga­ni­za­cio­nes de la Socie­dad Civil, defen­so­ras de los Dere­chos Huma­nos y pro­mo­to­ras de los dere­chos de la pobla­ción migrante, refu­giada y en nece­si­dad de pro­tec­ción inter­na­cio­nal, mani­fes­ta­mos pro­funda preo­cu­pa­ción frente a la grave e his­tó­rica situa­ción fron­te­riza que ha con­du­cido a la actual cri­sis huma­ni­ta­ria en la fron­tera colombo vene­zo­lana, pro­vo­cada por los con­flic­tos y las depor­ta­cio­nes masi­vas que se han pre­sen­tado en lo corrido del año y pun­tual­mente en los últi­mos 10 días, luego que el Gobierno vene­zo­lano anun­ciara el 19 de agosto el cie­rre de la fron­tera y el estado de excep­ción en cinco muni­ci­pios del estado de Táchira el vier­nes 21 de agosto, tras el ata­que armado en que resul­ta­ron heri­dos tres mili­ta­res y un civil vene­zo­la­nos, hechos aún sin esclarecer.

Se estima que en el trans­curso del año 2015 han sido depor­ta­das más de 3.000 per­so­nas colom­bia­nas y en los últi­mos días 1.097 (con fecha 31 de agosto), que según el Gobierno Vene­zo­lano se esta­ble­cie­ron en el país sin cum­plir los pro­ce­di­mien­tos migra­to­rios de ley. Ade­más de ello, han retor­nado de manera espon­tá­nea apro­xi­ma­da­mente 10.000 colom­bia­nas y colom­bia­nos temiendo la depor­ta­ción o mal­tra­tos por parte de las auto­ri­da­des vene­zo­la­nas. Reco­no­ce­mos la sobe­ra­nía del Estado vene­zo­lano para ejer­cer el con­trol sobre su terri­to­rio nacio­nal, pero hace­mos un lla­mado por el res­peto de los dere­chos de los migran­tes y refu­gia­dos, tute­la­dos por ins­tru­men­tos de dere­cho inter­na­cio­nal y la garan­tía del debido pro­ceso en la eje­cu­ción de cual­quier medida.

En tér­mi­nos de Dere­chos Huma­nos, son espe­cial­mente gra­ves las depor­ta­cio­nes de quie­nes han sido víc­ti­mas del con­flicto armado colom­biano y tie­nen la cali­dad de suje­tos con nece­si­dad de pro­tec­ción inter­na­cio­nal, soli­ci­tan­tes o con esta­tus de refu­gio en Vene­zuela. En estos casos es impe­ra­tivo la obser­va­ción inter­na­cio­nal a los Dere­chos de los Refu­gia­dos, ya que se pone en riesgo la vida e inte­gri­dad de estas per­so­nas al retor­nar sin las con­di­cio­nes de segu­ri­dad, dig­ni­dad y volun­ta­rie­dad al terri­to­rio colom­biano. Es muy impor­tante que se acla­rare el número de refu­gia­dos que están en dicha situación.

Dadas las his­tó­ri­cas rela­cio­nes socia­les y eco­nó­mi­cas que se han esta­ble­cido en la región de fron­tera colombo-venezolana, muchas de las fami­lias son trans­fron­te­ri­zas, de tal manera que parte de los inte­gran­tes del núcleo fami­liar son colom­bia­nos y otros vene­zo­la­nos. Las recien­tes depor­ta­cio­nes han pro­vo­cado rup­tura de las fami­lias, los padres depor­ta­dos deben aban­do­nar a los meno­res de edad o dejar­los al cui­dado de fami­lia­res y ami­gos. Según la Can­ci­lle­ría colom­biana, varios meno­res de edad se que­da­ron en el país vecino, luego de que sus padres fue­ran depor­ta­dos.

Expre­sa­mos nues­tro rechazo a cual­quier acto dis­cri­mi­na­to­rio, abu­sos de auto­ri­dad y tra­tos crue­les y degra­dan­tes con las y los colom­bia­nos durante el pro­ceso de depor­ta­ción que ha venido denun­ciando la pobla­ción. Exhor­ta­mos a las auto­ri­da­des vene­zo­la­nas para que se cum­plan los pro­to­co­los exi­gi­dos, espe­cial­mente con los casos en donde no se cuenta con los docu­men­tos de iden­ti­dad colom­biana. Lla­ma­mos a los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les para velar por el cum­pli­miento de los meca­nis­mos inter­na­cio­na­les de pro­tec­ción, aten­diendo el tra­ta­miento dife­ren­ciado que se requiere en los casos de Refugio.

En medio de los operativos en San Antonio, las autoridades venezolanas relacionaron a algunos colombianos con paramilitares./ FOTO: Reuters

Deman­da­mos una pronta solu­ción a la actual cri­sis migra­to­ria a tra­vés de las vías diplo­má­ti­cas, en la que los Gobier­nos de Vene­zuela y Colom­bia cons­tru­yan acuer­dos bila­te­ra­les que res­pe­ten el Dere­cho Inter­na­cio­nal de los Dere­chos Huma­nos y con­ten­gan una solu­ción inte­gral para el bie­nes­tar de la pobla­ción de la región fron­te­riza. Abo­ga­mos por una salida con­cer­tada y per­ma­nente, que evite esca­lar la pola­ri­za­ción polí­tica y el desa­rro­llo de prác­ti­cas de xeno­fo­bia en los dos lados de la fron­tera. Con­si­de­ra­mos nece­sa­rio un enten­di­miento esta­ble para la con­so­li­da­ción de una fron­tera pací­fica y segura.

Res­pal­da­mos y des­ta­ca­mos la opor­tuna labor de orga­ni­za­cio­nes huma­ni­ta­rias inter­na­cio­na­les que han rea­li­zado un tra­bajo de acom­pa­ña­miento y apoyo a las per­so­nas afec­ta­das, tanto en terri­to­rio vene­zo­lano como en terri­to­rio colom­biano. Inter­pe­la­mos a la comu­ni­dad inter­na­cio­nal y a los Esta­dos de Colom­bia y Vene­zuela a apo­yar esta labor en terreno, que ha sido fun­da­men­tal para cubrir las nece­si­da­des de pri­mera mano, agua, ali­men­ta­ción, kits de aseo e higiene, alber­gues, etc.

Deman­da­mos en espe­cial la media­ción de la UNASUR  que expresa la volun­tad de inte­gra­ción y de soli­da­ri­dad entre los pue­blos de la Amé­rica Latina. Con­si­de­ra­mos que la solu­ción a esta pro­ble­má­tica depende de la pro­mo­ción de los intere­ses regio­na­les y la arti­cu­la­ción con los orga­nis­mos multilaterales.

Resal­ta­mos la labor de la ins­ti­tu­cio­na­li­dad colom­biana, espe­cial­mente la Can­ci­lle­ría y la Defen­so­ría del Pue­blo, en la recep­ción, aten­ción huma­ni­ta­ria y segui­miento a las depor­ta­cio­nes masi­vas que con­ti­núan pre­sen­tán­dose. Exhor­ta­mos al Gobierno colom­biano a bus­car solu­cio­nes dura­de­ras a la situa­ción de las per­so­nas y fami­lias depor­ta­das, de acuerdo con las par­ti­cu­la­ri­da­des de cada caso, para evi­tar que la res­puesta huma­ni­ta­ria de emer­gen­cia en un con­texto de excep­cio­na­li­dad ins­ti­tu­cio­nal se vuelva per­ma­nente.

Final­mente, pro­po­ne­mos que el Estado colom­biano, siendo un  Estado Social de Dere­cho, fun­dado en la dig­ni­dad humana, el tra­bajo, la soli­da­ri­dad y en la pre­va­len­cia del inte­rés gene­ral sobre el par­ti­cu­lar (art. 1° Cons­ti­tu­ción), esta­blezca meca­nis­mos ins­ti­tu­cio­na­les ade­cua­dos, opor­tu­nos y dura­de­ros para pro­te­ger efec­ti­va­mente los dere­chos huma­nos y la dig­ni­dad de las per­so­nas depor­ta­das que se encuen­tran en estado de vul­ne­ra­bi­li­dad y debi­li­dad manifiesta.
 
Fir­man:

• La Con­sul­to­ría para los Dere­chos Huma­nos y el Desplazamiento-CODHES–
• Con­se­je­ría en Proyectos-PCS–
• Ins­ti­tuto de Estu­dios Socia­les y Cul­tu­ra­les PENSAR de la Pon­ti­fi­cia Uni­ver­si­dad Javeriana
• Ser­vi­cio Jesuita para Refu­gia­dos Colom­bia (SJR-COL)
• Ser­vi­cio Jesuita para Refu­gia­dos Lati­noa­mé­rica y El Caribe (SJR-LAC)

* Esta noticia fue originalmente publicada en la página web del Servicio Jesuita a Refugiados - Colombia