Luego de cerca de quince meses desde aquel memorable 10 de diciembre de 2007, en que se dio inicio al mega juicio contra el ex - presidente Alberto Fujimori Fujimori, hoy nos encontramos frente al hecho histórico de la sentencia dictada el pasado 7 de abril del presente año que, en el marco de un proceso judicial transparente, imparcial y jurídicamente impecable, lo condena sin atenuantes a 25 años de cárcel por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno.

Esta sentencia, aferrada estrictamente a los cánones jurídicos de la administración de justicia nacional, y a lo que la teoría del derecho internacional prescribe para este tipo de violaciones a los derechos humanos, deja importantes lecciones y aprendizajes, no sólo para la justicia peruana, sino también para la jurisprudencia internacional.

El juicio y la sentencia en sí, deja una clara lección que fue expresada firmemente por el Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Dr. Ronald Gamarra, quien cumpliendo al mismo tiempo su rol como uno de los abogados de la parte civil, dijo lo siguiente al culminar su alegato en el juicio: "...que el país sepa que quien viola las leyes merece un castigo, sin importar si es débil o poderoso, gobernante o simple ciudadano".

Desde el plano de la justicia, la sentencia, sin duda, deja esta lección. Sin embargo, desde la perspectiva ético-política y pedagógica, que orienta las actividades del IPEDEHP, en el campo de la Educación en Derechos Humanos, creemos que hay algo más que debemos asumir como aprendizajes, más allá del mega-juicio.

El gobierno de Fujimori, con la complicidad de quienes participaron de su entorno, no sólo tuvo efectos perniciosos para el fortalecimiento del Estado de derecho y la institucionalidad democrática en el país, también debilitó mucho más la estructura de valores de nuestra sociedad, por los niveles de corrupción e impunidad a que llegó, así como por la inmoral manipulación de la pobreza de amplios sectores de la población, trastocando la conciencia de su dignidad y su condición de sujetos de derechos, acostumbrándolos a vivir de los programas sociales asistencialistas que implementó, y que los ha convertido en sus más fervientes defensores. Dice el dicho que "no hay peor ciego que el que no quiere ver". Desafortunadamente sus seguidores sólo ven el lado de sus propios intereses personales, encubriéndolos bajo expresiones como "robó, pero hizo obra", "nos salvó del terrorismo", y "quienes fueron muertos o desaparecidos eran terroristas".

Los peruanos y peruanas que estamos comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos, sin distinción alguna, y que valoramos la democracia, no sólo como una forma de ejercicio del poder político, sino como un estilo de vida, respaldamos plenamente la sentencia del tribunal que juzgó al ex - presidente Fujimori, tanto por el bien de la justicia en el país, como porque el ejercicio del poder político no puede estar fundado en la mentira, la deshonestidad, la soberbia, la corrupción y la impunidad; en suma, en el abuso del poder. Frente a ello, tenemos el reto de reconstruir el país promoviendo el fortalecimiento de la estructura de valores en las instituciones y en las relaciones de convivencia cotidiana personal y social. Sabemos que esta tarea está en nuestras manos y no le daremos la espalda, porque no queremos que hechos como los que se dieron durante el período 1990 - 2000 vuelvan a ocurrir en nuestra patria.

Lima, 05 de Mayo de 2009

Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz - IPEDEHP

Reivindicaciones indígenas en la amazonía peruana

La condena de Fujimori, sin duda, ha sido un paso hacia delante de cara al fortalecimiento de los Derechos Humanos en Perú, sin embargo, aún quedan metas importantes en este camino.

Desde comienzos del mes de abril -y, sin importarles el Estado de Emergencia instaurado desde el 8 de mayo-, las comunidades indígenas de la región amazónica peruana han protagonizado diversas movilizaciones a fin de solicitar al Gobierno la derogación de los Decretos Legislativos que aprobó y que consideran nocivos para el país y para la integridad de los pueblos indígenas.

Según el presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, dichos dispositivos legales fueron aprobados por el Gobierno sin respetar las medidas que establece el Convenio 169 de la OIT, cuyo artículo 6 estipula que "cualesquiera actividades o medidas legislativas que se tengan que dar para el territorio o pueblos indígenas tienen que ser consultados a saber de sus organizaciones representativas". Además, plantea que "la legislación cuestionada promueve la entrega de la Amazonía y sus riquezas a inversionistas privados, lo que atenta contra los intereses nacionales y el hábitat de los nativos".

Desde Fe y Alegría Perú -socio local de Entreculturas y presente en la zona- se informa de que "los medios no están dando ninguna cobertura al paro a pesar de que, aparentemente, hay medidas de protesta desde hace varios días en varios sitios de Loreto, San Martín y en la selva sur... Los colegios de Yamakaientsa y de Chiriaco (ambos Fe y Alegría) han suspendido las clases y hemos tenido que cancelar algunas actividades que teníamos programadas en comunidades de Imaza, seguimos con otras en la cuenca de Nieva esperando que no pase nada...".

Enlaces de interés:

"Análisis de los Decretos Legislativos que afectan a los Pueblos Indígenas emitidos por el poder Ejecutivo en virtud de la Ley Nº 29157", (documento del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAAAP).