Mientras muchos países en el mundo occidental cierran sus puertas y aumentan las restricciones a los refugiados, hay un país que, sorprendentemente, ha mantenido una política de puertas abiertas hacia los refugiados durante décadas.

Uganda, actualmente, acoge a más de medio millón de refugiados, a los que no solo les permite buscar refugio y a los que ofrece documentos de asilo, sino que también les anima a integrarse autorizándoles a trabajar, a cultivar sus campos y a moverse libremente por todo el país.

En Kampala, capital de Uganda, unos 100.000 desplazados viven como refugiados urbanos. Muchos se enfrentan a las barreras idiomáticas y carecen de medios para salir adelante. Una de las gestiones que realiza el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) para apoyar a estas personas es poner en marcha actividades sostenibles que les permitan valerse por sí mismas.

Catherine Lokua tiene 18 años y vive en Adjumani (Uganda), el tercer país del mundo con mayor número de personas refugiadas. Su sueño es ser ingeniera, “antes me tenía que quedar en casa porque no podía pagar la escuela”, pero ahora, gracias a una beca, ha podido seguir estudiando y acercarse a ese futuro que desea.

La familia Mabiala llegó a Uganda en 2013 huyendo de la guerra en su país, República Democrática del Congo (RDC). Hasta ahora, el conflicto ha dejado más de 800.000 personas refugiadas y 5 millones de personas desplazadas internamente que, como ellos, se han visto obligadas a abandonar sus hogares y emprender un difícil camino empujadas por el conflicto que asola el país desde hace más de una década.

Tras la pandemia provocada por la COVID-19, las situaciones de desprotección, discriminación y vulneración constante de los derechos humanos se intensifican en los colectivos que viven en situación de refugio y, sobre todo, mujeres y niñas que, debido a la desigualdad de género, sufren por partida doble.