Mientras la paz termina de tocar tierra en Colombia, continuamos nuestro trabajo de atención, acompañamiento y defensa a la población refugiada y desplazada en el país con el Servicio Jesuita a Refugiados. El resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016, por el que el pueblo colombiano decidió no refrendar los acuerdos, causó sorpresa, pero también puso de manifiesto un aprendizaje: el camino hacia la paz es todavía muy largo, está lleno de matices y requiere del apoyo y el compromiso de muchos actores.

Décadas de conflicto armado han instalado en Colombia una fuerte cultura de violencia que ha permeado a toda la sociedad. A las formas de violencia "tradicionales", vinculadas al conflicto armado, se suman nuevas de formas relacionadas en muchos casos con las economías ilícitas (narcotráfico, contrabando, minería ilegal…) que explican el desarrollo de las BACRIM. Las BACRIM son bandas criminales surgidas a partir de las mismas estructuras de los grupos paramilitares después de su desmovilización pero que ahora actúan al servicio de las economías ilícitas. Estas nuevas formas de violencia no van a desaparecer con una eventual firma de la paz: de hecho, es previsible que se agraven.

La falta de acceso a derechos y la falta de cobertura de necesidades básicas también es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de esta cultura de violencia: cuando las personas empobrecidas se integran en bandas criminales por falta de alternativas contribuyen a la construcción de una sociedad que niega derechos a los demás. Y ahí se inicia la espiral.

Se calcula que el conflicto colombiano ha provocado más de 6 millones de personas desplazadas y más de 500.000 que, directamente, han abandonado el país huyendo de las amenazas y la inestabilidad. Ambos colectivos se encuentran en una situación muy vulnerable, no solo por el desarraigo, sino también por la carencia de recursos con los que sobrevivir. En el caso de los niños, niñas y jóvenes, al no poder acceder a la educación, se convierten en los más susceptibles de vincularse a los actores armados y de sumarse a las economías ilícitas. Aunque las mujeres son también un grupo que requiere especial protección ya que, en la medida en que ven asesinados o reclutados a sus maridos, hijos o hermanos, se ven forzadas a asumir solas el sostenimiento de un hogar desestructurado en contextos de enorme inseguridad y en los que no disponen de oportunidades. En los casos más graves pueden ser víctimas de abusos sexuales o, incluso, verse atrapadas en redes de prostitución o tráfico de personas.




Desde Entreculturas y el Servicio Jesuita a Refugiados, como organizaciones de acción social y de la Compañía de Jesús, nos sentimos apelados ante esta realidad e intentamos poner nuestro grano de arena, siempre dentro del marco de los Derechos Humanos. En este sentido llevamos desde el año 2009 impulsando el programa "En las Fronteras de Colombia", una iniciativa -financiada por Inditex- que pretende abarcar las consecuencias que el conflicto colombiano tiene para la población, contemplando también las zonas de frontera con Ecuador y Venezuela, los dos países vecinos más salpicados por esta problemática.
El programa se estructura en tres líneas de acción transversales (es decir, que se desarrollan tanto en Colombia como en Ecuador y Venezuela): 

• Medios de vida: esto es, fomentar la empleabilidad y la puesta en marcha de actividades generadoras de ingresos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas o desplazadas.
• Educación formal: para garantizar el acceso, la permanencia y la certificación escolar de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento y refugio.
• Protección y garantía de acceso a derechos básicos: a fin de favorecer el conocimiento y la defensa de sus derechos fundamentales mediante orientación y acompañamiento jurídico.

​A todo este trabajo se suma la labor de incidencia política que desarrolla incansablemente el Servicio Jesuita a Refugiados en Latinoamérica y Caribe (SJR-LAC), imprescindible para que todas esas acciones puntuales que se realizan con las personas y colectivos más vulnerables sean respaldadas por un compromiso político e institucional orientado hacia la restitución de la paz y la justicia. 

En este sentido merece la pena destacar el trabajo que está desempeñando junto a la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) o la contribución al afianzamiento de la Comisión sobre Migraciones Forzadas, Exilio y Reconciliación que vela por la visibilización y la conquista de beneficios para los colombianos víctimas del conflicto armado en las fronteras y en el exterior.